El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880

Inciso 3 Del Artículo 7 De La Ley N 20.880

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N° 20.880 establece una prohibición específica que debe ser tomada en cuenta. Esta ley, publicada en el Diario Oficial por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, tiene un rango legal y es relevante en diversas instancias legales y administrativas.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 establece una prohibición relacionada con la probidad en la función pública y la prevención de los conflictos de intereses. Esta disposición busca evitar que las personas que ocupan cargos públicos se beneficien o favorezcan a sí mismas, a sus familiares o a terceros con quienes tengan vínculos económicos o personales.

Esta norma prohíbe específicamente el uso indebido de información privilegiada por parte de los funcionarios públicos para obtener beneficios propios o para perjudicar a terceros. Además, también se prohíben las situaciones en las cuales un funcionario público pueda tener algún tipo de participación directa o indirecta en contratos, negocios u operaciones donde exista un conflicto entre su interés personal y el interés público.

Con esta medida, se busca garantizar la transparencia y ética en el ejercicio de la función pública, evitando cualquier situación que pueda comprometer los principios fundamentales del servicio al bien común y el resguardo del patrimonio estatal.

Es importante destacar que estas prohibiciones aplican tanto durante el ejercicio del cargo como después de haber cesado en él, buscando así asegurar una conducta íntegra y responsable por parte de todos aquellos involucrados en funciones públicas.

En caso de infringir estas disposiciones legales, están contempladas sanciones administrativas e incluso penales según lo establecido por ley. Esto demuestra la importancia que tiene para nuestro país mantener altos estándares éticos dentro del ámbito público y prevenir cualquier acto ilícito relacionado con posibles conflictos de intereses.

Considerando que el Congreso Nacional ha otorgado su aprobación al siguiente texto de ley.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 establece una prohibición relacionada con los conflictos de intereses en el ámbito público.

TÍTULO I Normas Generales Artículos 1 a 3

El artículo 1° de la Ley N° 20.880 establece las disposiciones generales que rigen en el marco de esta ley. En este sentido, se establecen los principios y criterios fundamentales para garantizar una adecuada gestión pública, así como también se definen los objetivos y alcances de la normativa.

Es importante destacar que estas disposiciones son aplicables a todos los órganos del Estado, tanto a nivel central como regional y local, así como también a todas las personas naturales o jurídicas que participen en la administración pública.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 establece una prohibición específica relacionada con el ejercicio de la función pública en Chile. Esta disposición busca prevenir y sancionar los conflictos de intereses que puedan surgir en el desempeño de dicha función.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 establece que los funcionarios públicos deben actuar con probidad en el ejercicio de sus funciones, lo cual implica mantener una conducta intachable y desempeñarse de manera honesta y leal, siempre privilegiando el interés general por sobre cualquier interés particular.

La Ley N° 20.880 establece que se produce un conflicto de intereses en el desempeño de la función pública cuando existe una coincidencia entre el interés general propio del ejercicio de las funciones y un interés particular, ya sea económico o no, tanto del funcionario público como de terceros relacionados con él según lo dispuesto por la ley. También se considera conflicto de intereses cuando existen circunstancias que afectan la imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N° 20.880 establece una prohibición específica que debe ser tomada en cuenta. Esta disposición ha sido citada en diversas sentencias, artículos doctrinales y resoluciones administrativas, lo cual demuestra su relevancia e impacto en el ámbito jurídico. Es importante destacar que esta norma tiene como objetivo evitar la repetición de información o contenido ya existente, por lo tanto es fundamental tomar las medidas necesarias para cumplir con esta prohibición y garantizar así el correcto uso de los recursos disponibles.

Todo aquel que ocupe cargos públicos, sin importar su categoría legal, está obligado a desempeñar sus funciones de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, respetando rigurosamente el principio de probidad.

El incumplimiento del principio de probidad conllevará las consecuencias y penalidades establecidas por la Constitución o las leyes, según corresponda.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N° 20.880 establece una prohibición específica que debe ser tomada en cuenta en el contexto chileno.

Con el objetivo de garantizar la transparencia y la ética en el ejercicio de sus funciones, la Ley N° 20.880 establece que ciertas autoridades y funcionarios están obligados a hacer pública su declaración de intereses y patrimonio, según lo dispuesto en los casos y condiciones establecidos por esta ley.

Además, la legislación establece los supuestos y requisitos en los que dichas autoridades podrán transferir a terceros la gestión de ciertos activos, así como las circunstancias específicas en las que deberán proceder a vender determinados bienes que representen un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones públicas.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N° 20.880 establece una prohibición específica relacionada con la declaración de intereses y patrimonio. Esta disposición busca evitar que se repita el contenido en otros documentos, como artículos doctrinales o resoluciones administrativas. Es importante tener en cuenta esta restricción al redactar cualquier texto sobre este tema en Chile.

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El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 establece las obligaciones y el contenido de la declaración de intereses y patrimonio para los sujetos involucrados. Esta disposición busca garantizar la transparencia y prevenir conflictos de interés en el ejercicio de funciones públicas.

Además de las personas mencionadas en la sección correspondiente del Capítulo 3° de este Título, estarán obligados a presentar una declaración de intereses y patrimonio, según lo establecido por esta ley, los siguientes individuos:

La presentación de la declaración de intereses y patrimonio debe realizarse en un plazo máximo de treinta días después de asumir el cargo. Además, es necesario actualizarla anualmente durante el mes de marzo y dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mandato.

El artículo 6° del inciso 3 del Artículo 7 de la Ley N°20.880 ha sido citado en dos sentencias, diez disposiciones normativas y veintitrés resoluciones administrativas.

La presentación de la declaración de intereses y patrimonio, así como sus actualizaciones, deberá realizarse a través de un formulario electrónico según lo establecido en la ley Nº19.799. En caso de que no esté disponible dicho formulario electrónico, se permitirá realizar la declaración en papel, siempre y cuando esté debidamente autenticada al momento de ser recibida por el ministro de fe del órgano u organismo correspondiente o, en su defecto, ante un notario público.

La información declarada será de carácter público, a excepción de los datos sensibles y personales que permitan identificar al declarante y su domicilio. Esta declaración tendrá el valor legal de una declaración jurada. En el caso de los sujetos mencionados en los puntos 1 a 4 del artículo 4°, así como aquellos contemplados en el Capítulo 3° de este Título, la declaración y sus actualizaciones serán publicadas en el sitio web correspondiente a la institución respectiva. Estas deberán mantenerse disponibles en dicho sitio durante todo el período en que el declarante se desempeñe en su cargo y hasta seis meses después de cesar sus funciones. Aquellos que tengan acceso posteriormente a esta información no podrán utilizarla con fines distintos al control de probidad dentro del ámbito público. Cualquier infracción a esta prohibición será sancionada según lo establecido en el Título V de la ley N°19.628.

Las declaraciones se contendrán en las bases de datos interoperables que determinen las entidades responsables de la fiscalización para cada caso. Un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia determinará el formulario único en el cual deberán efectuarse las declaraciones y la forma en que estarán disponibles para quienes corresponda supervisar el cumplimiento de esta obligación, sea la Contraloría General de la República para su debido registro y fiscalización respecto de los sujetos señalados en el artículo 4°, o la entidad que corresponda tratándose de los sujetos obligados que indica el Capítulo 3° de este Título.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N° 20.880 establece una prohibición específica en relación a ciertas acciones o situaciones. Esta disposición tiene relevancia y ha sido objeto de análisis en diversos artículos doctrinales, así como también se encuentra mencionada en dos disposiciones normativas y ha sido considerada en trece resoluciones administrativas.

La presentación de la declaración de intereses y patrimonio debe incluir la fecha y el lugar en que se realiza, así como también una descripción detallada de todas las actividades y bienes del declarante.

El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N° 20.880 prohíbe realizar actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, remuneradas o no, en las que participe el declarante. Esto incluye cualquier actividad realizada durante los doce meses anteriores a asumir el cargo.

Además, se prohíbe poseer bienes inmuebles tanto en Chile como en el extranjero. En caso de tener propiedades en territorio chileno, es necesario indicar su avalúo fiscal y fecha de adquisición. También se deben mencionar cualquier prohibición, hipoteca, embargo, litigio u otro gravamen que afecte a dichos bienes y proporcionar información sobre las inscripciones correspondientes. Esta prohibición aplica independientemente si los bienes son propiedad exclusiva del declarante o si están bajo copropiedad, comunidad o propiedad fiduciaria.

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El inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 establece una prohibición específica relacionada con los conflictos de intereses en la función pública. Esta disposición busca prevenir situaciones en las que un funcionario público pueda beneficiarse personalmente o favorecer a terceros debido a su posición y poder dentro de la administración estatal. La ley prohíbe expresamente este tipo de conductas, buscando garantizar la probidad y transparencia en el ejercicio de funciones públicas en Chile.

Definición de probidad y sujetos a este principio

El principio de probidad, establecido en el inciso 3 del artículo 7 de la Ley N°20.880 en Chile, es fundamental para garantizar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública. Este principio implica que los parlamentarios deben actuar siempre con integridad, transparencia y ética en el ejercicio de sus labores.

La probidad exige que los representantes del pueblo pongan por encima el interés general sobre cualquier interés particular o personal. Esto significa que deben tomar decisiones basadas en criterios objetivos y considerando siempre el bienestar colectivo. Además, implica evitar cualquier conflicto de intereses que pueda comprometer su imparcialidad o influir indebidamente en sus acciones.

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La falta de probidad administrativa: ¿cómo se produce?

El principio de probidad administrativa establece un conjunto de normas y valores éticos que deben regir la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, existen ciertas conductas que contravienen este principio y que son consideradas como faltas graves.

Una de estas conductas es cuando los funcionarios ejercen facultades o toman atribuciones que no les han sido atribuidas o delegadas. Esto implica actuar más allá de las competencias establecidas por la ley, lo cual puede generar abusos de poder y afectar negativamente la transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Es importante destacar que esta prohibición busca garantizar una adecuada distribución del poder dentro del aparato estatal, evitando así posibles arbitrariedades o decisiones injustificadas por parte de los funcionarios. Además, se busca proteger el interés general sobre cualquier otro interés particular o personal.

P.S.: El incumplimiento del principio de probidad administrativa puede tener consecuencias legales para los funcionarios involucrados, incluyendo sanciones disciplinarias e incluso penales. Por tanto, es fundamental promover una cultura organizacional basada en la integridad y el respeto a las normativas vigentes para evitar situaciones que comprometan la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Aplicación del conflicto de intereses

Un conflicto de intereses ocurre cuando una persona que trabaja en el sector público tiene algún tipo de interés laboral, personal, profesional, familiar o comercial que pueda influir en su capacidad para desempeñar sus funciones de manera imparcial y objetiva. Para evitar este tipo de situaciones, los servidores públicos deben presentar una declaración anual de intereses en mayo. Esta declaración permite identificar posibles conflictos y tomar medidas para prevenir cualquier acción indebida o favoritismo.

En palabras simples, un conflicto de intereses se produce cuando alguien que trabaja para el gobierno tiene algún tipo de relación o beneficio personal que podría afectar su capacidad para tomar decisiones justas e imparciales. Por ejemplo, si un funcionario público tiene inversiones en una empresa privada y toma decisiones relacionadas con esa empresa desde su posición gubernamental, esto puede ser considerado como un conflicto de intereses. Para evitar estas situaciones problemáticas, los servidores públicos deben declarar todos sus intereses cada año y así asegurar la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder público.

Faltas a la probidad: ¿Cuáles son?

La falta de probidad se refiere a la carencia de honestidad, integridad y rectitud en las acciones y comportamientos de una persona. En el contexto chileno, esta noción está estrechamente relacionada con la Ley N° 20.880, específicamente en su inciso 3 del artículo 7.

Dicha ley establece que los funcionarios públicos deben actuar con probidad en el ejercicio de sus funciones, lo cual implica un deber ético y moral de actuar correctamente y evitar cualquier tipo de conducta deshonesta o corrupta. La falta de probidad puede manifestarse a través del uso indebido de recursos públicos, el nepotismo, la aceptación de sobornos o cualquier otra acción contraria a los principios éticos que rigen la función pública.

Es importante destacar que la falta de probidad no solo afecta al individuo involucrado directamente en dichas prácticas deshonestas, sino también perjudica gravemente a toda la sociedad chilena. Cuando un funcionario público actúa sin probidad, se socava la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y se genera un ambiente propicio para el abuso del poder y la corrupción.

Para combatir este problema tan grave e insidioso como esenciales son tanto las medidas preventivas como punitivas. Es fundamental promover una cultura organizacional basada en valores éticos sólidos dentro del sector público chileno. Además, es necesario fortalecer los mecanismos internos para detectar posibles casos de falta de probidad y garantizar investigaciones imparciales y transparentes cuando estas situaciones ocurran.

¿Cuál artículo carece de integridad?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo de Chile, se contempla la posibilidad de poner fin al contrato laboral sin derecho a indemnización cuando exista una falta de probidad por parte del trabajador en el cumplimiento de sus funciones.

La falta de probidad se refiere a conductas deshonestas o fraudulentas que afecten directamente la relación laboral y comprometan la confianza depositada en el empleado. Esto puede incluir acciones como robo, fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos u otras prácticas similares.

Es importante destacar que esta causal para terminar el contrato sin indemnización debe ser debidamente comprobada y demostrada por parte del empleador. Para ello, es necesario contar con pruebas sólidas que respalden las acusaciones realizadas contra el trabajador.

En caso de que se compruebe la falta de probidad y se decida poner fin al contrato laboral bajo esta causal, no corresponderá pagar ninguna indemnización al trabajador. Sin embargo, esto no exime al empleador de cumplir con las demás obligaciones legales relacionadas con término del contrato, como entregar los finiquitos correspondientes y pagar las remuneraciones pendientes hasta la fecha efectiva del despido.