La legislación sobre bancarrotas y moratorias de pagos

Ley De Quiebras Y Suspensión De Pagos

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (LQSP) se expidió en 1942 con el propósito de buscar la rehabilitación de las empresas que, debido a sus problemas económicos y financieros, incurriesen en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones líquidas y exigibles.

Ley de Quiebra para particulares

Cuando una persona se encuentra en una situación económica insostenible, es decir, cuando sus deudas superan con creces sus ingresos, tiene la opción de acogerse a la Ley de Quiebras. Esto le permite eliminar todas sus deudas y salir así del registro de morosos como DICOM.

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en Chile brinda a las personas que enfrentan dificultades financieras dos opciones para elegir, dependiendo de la gravedad de su situación.

Renegociación

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos puede ser una alternativa viable en situaciones donde aún se cuenta con cierta capacidad para pagar, pero se necesita más tiempo o reducir el monto mensual de las cuotas para poder cumplir.

La renegociación tiene como objetivo alcanzar un nuevo acuerdo de pago con las entidades financieras que otorgaron el préstamo, teniendo en cuenta la situación actual del deudor. Además, es posible obtener una condonación de los intereses y parte del capital adeudado.

La renegociación no tiene costo

El trámite de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos se realiza sin costo alguno ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), aunque es recomendable contar con el apoyo legal de un abogado para resolver cualquier consulta y agilizar el proceso.

Quiebra

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos es un proceso legal que se aplica cuando una persona o empresa ya no cuenta con los recursos económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras. Este procedimiento busca brindar una solución a aquellos individuos o entidades que se encuentran en dificultades económicas, permitiéndoles reorganizar su situación financiera y establecer acuerdos con sus acreedores. En Chile, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos ofrece un marco legal para abordar estas situaciones difíciles y buscar una salida viable para todas las partes involucradas.

En esta situación, los activos del deudor serán subastados y con el dinero obtenido de la venta se procederá a pagar a sus acreedores. Aunque el monto total de las deudas sea mayor al valor obtenido en la subasta, todas las obligaciones incluidas en la quiebra se considerarán canceladas.

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¿A quiénes les aplica la ley de quiebras en Chile?

La Ley 20.720 en Chile establece que cualquier persona, ya sea propietaria de una vivienda, estudiante universitario, adulto mayor o trabajador dependiente o independiente, tiene la posibilidad de declararse en quiebra si su nivel de endeudamiento supera ampliamente su capacidad de pago.

1. Dueños de casa: Aquellas personas que poseen una propiedad inmobiliaria.

2. Estudiantes universitarios: Jóvenes que están cursando estudios superiores.

3. Adultos mayores: Personas mayores de 60 años.

4. Trabajadores dependientes: Empleados bajo relación laboral con un empleador.

5. Trabajadores independientes: Personas que ejercen actividades económicas por cuenta propia.

Es importante destacar que esta opción está disponible solo cuando el nivel de endeudamiento es significativamente superior a la capacidad real del individuo para hacer frente a sus obligaciones financieras. La declaración en quiebra busca brindar un alivio económico y permitirle a la persona afectada comenzar nuevamente su vida financiera sobre bases más sólidas y sostenibles.

¿Se necesita la representación de un abogado?

Para iniciar el proceso de quiebra, es necesario contar con la asesoría legal de un abogado especializado que pueda orientar al deudor en la toma de decisiones y brindar defensa en caso de ser necesario.

A ocho años de su entrada en vigor, es importante analizar cómo se ha venido implementando la Ley de Quiebras en Chile. Esta legislación tiene como objetivo brindar un marco legal que permita a las empresas enfrentar situaciones financieras adversas y buscar una reestructuración para evitar la quiebra.

La Ley de Quiebras establece un proceso formal para que las empresas puedan solicitar la suspensión de pagos y así negociar con sus acreedores una forma viable de pago. Este mecanismo busca proteger los intereses tanto de los empresarios como de los trabajadores y proveedores involucrados.

Una vez presentada la solicitud, se inicia un procedimiento judicial donde se evalúa si la empresa cumple con los requisitos necesarios para acogerse a esta ley. Si es aceptada, se nombra a un administrador concursal encargado de llevar adelante el proceso y velar por el cumplimiento del plan propuesto por la empresa.

Durante este período, conocido como “proceso concursal”, se suspenden todas las acciones legales contra la empresa en dificultades financieras. Esto permite darle tiempo para reorganizarse y buscar soluciones viables sin tener que hacer frente a demandas judiciales o embargos.

Es importante destacar que no todas las empresas pueden acogerse a esta ley. Existen ciertos criterios específicos que deben ser cumplidos, como tener más pasivos que activos o demostrar una situación financiera insostenible.

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Pasos para declararse insolvente

En Chile, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece que una persona puede declararse insolvente cuando ha dejado de pagar dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores durante un período superior a 90 días. Además, también se considera insolvencia si existen demandas en su contra por ejecución o cobro judicial.

La declaración de insolvencia implica que el individuo no tiene los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros. En este caso, es posible solicitar la suspensión de pagos ante un tribunal competente.

La suspensión de pagos permite al declarante detener temporalmente el pago de sus obligaciones mientras busca soluciones para reorganizar su situación financiera. Durante este proceso, se designará a un síndico quien será responsable del manejo y distribución equitativa del patrimonio del declarante entre los acreedores.

Es importante destacar que la Ley establece ciertos requisitos y procedimientos específicos para llevar a cabo tanto la declaración como el proceso de suspensión de pagos. Estos incluyen presentar una solicitud formal ante el tribunal correspondiente y proporcionar toda la documentación necesaria sobre las obligaciones incumplidas y las demandas judiciales en curso.

Significado de la suspensión de pagos

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos es una normativa que regula la situación en la cual una empresa se encuentra en insolvencia, ya sea de forma temporal o permanente. En Chile, esta ley establece los procedimientos legales para proteger tanto a los acreedores como a los deudores durante este proceso.

Cuando una empresa se declara en suspensión de pagos, significa que no puede cumplir con sus obligaciones financieras debido a su falta de liquidez. Esta situación puede ser causada por diversos factores, como problemas económicos internos, cambios en el mercado o incluso desastres naturales. Es importante destacar que la suspensión de pagos no implica necesariamente que la empresa esté al borde del cierre definitivo.

En algunos casos, es posible que el valor total de los activos de la sociedad sea mayor al monto total adeudado. Sin embargo, esto no garantiza automáticamente su solvencia financiera ni evita el proceso legal correspondiente. La Ley establece mecanismos para evaluar y determinar si existe alguna posibilidad realista y viable para reestructurar las finanzas y evitar así la quiebra definitiva.

Durante el período de suspensión de pagos, se lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre las condiciones económicas y financieras del negocio. Esto incluye examinar detalladamente sus activos disponibles, pasivos acumulados e ingreso generado por operaciones comerciales regulares. Con base en estos datos recopilados por expertos designados por el tribunal competente, se toman decisiones respecto al futuro inmediato del negocio.

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Opciones ante la incapacidad de pagar mis deudas

Si estás pasando por dificultades económicas y te resulta complicado pagar tus deudas, es importante que te acerques a tu banco o entidad financiera para buscar soluciones. La CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) ofrece algunos consejos que pueden ayudarte a enfrentar esta situación.

Una opción es solicitar una reestructuración de tu deuda, lo cual significa negociar con el banco nuevas condiciones de pago más flexibles. Esto puede incluir reducir las tasas de interés, extender el plazo del préstamo o incluso condonar parte del monto adeudado.

Otra alternativa es acogerse a la Ley De Quiebras Y Suspensión De Pagos, que permite suspender temporalmente los pagos mientras se busca una solución definitiva. Esta ley protege al deudor y le brinda un espacio para organizar sus finanzas sin ser acosado por los acreedores.

Recuerda siempre informarte adecuadamente sobre tus derechos como consumidor y consultar con expertos en temas financieros antes de tomar cualquier decisión relacionada con tus deudas.

Limitaciones de una persona insolvente

Cuando una persona o empresa es declarada “insolvente” por un juez en Chile, se le prohíbe administrar tanto sus bienes presentes como futuros. Esto implica que no puede abrir cuentas corrientes ni de ahorro, ya que no tiene la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras asociadas.

La ley de quiebras y suspensión de pagos establece estas restricciones para proteger los intereses de los acreedores y garantizar el proceso ordenado y equitativo de liquidación o reestructuración de las deudas. Al prohibirle al insolvente administrar sus bienes, se busca evitar posibles fraudes o dilapidaciones que perjudiquen a los acreedores.

Además, durante este período, el insolvente tampoco puede realizar actos jurídicos sin autorización del tribunal competente. Esto significa que no puede vender propiedades ni realizar contratos importantes sin previa autorización judicial.

Es importante destacar que esta prohibición tiene como objetivo principal salvaguardar los derechos e intereses económicos tanto del insolvente como de sus acreedores. A través del proceso legal correspondiente, se busca encontrar soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas en la situación financiera complicada.